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2 de septiembre de 2011. Ucronía

La celebración del ‘Día de Ceuta’ tenía la particularidad de ser la primera en la que el día no era festivo, sino laborable. Pero la realidad ha superado a las pequeñas anécdotas de calendario y el ‘Día de Ceuta’ de 2011 se ha caracterizado por estar acompañado por los pitos de unas treinta personas pidiendo la dimisión del Presidente de la Ciudad, Juan Vivas.

Los gritos, pitidos y abucheos no han parado hasta que la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local desalojó a este grupo de personas, permitiendo de esta forma que el acto pudiera proseguir con total normalidad.

Las diversas autoridades han coincido en valorar negativamente estos hechos, ya que consideran que es un atentado contra el normal desarrollo de la vida de las instituciones democráticas y que boicotear un acto de la Ciudad no es la mejor forma de expresar las discrepancias. Además, unánimemente han manifestado que la intervención de la UIR ha sido necesaria porque no es de recibo que se aprovechen actos, que son de todos, para llevar a cabo una manifestación encubierta.

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Juan Vivas recorta las pensiones

Ayer la prensa local publicaba que los trabajadores municipales, a través de los representantes sindicales de CCOO, han denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Tesorería General de la Seguridad Social que el Gobierno de Juan Vivas ha reducido las bases de cotización de los empleados municipales en la misma proporción en la que han reducido los salarios.

La norma que ordenaba y habilitaba esta reducción, el Real Decreto-Ley 8/2010, excluía expresamente la reducción en las bases de cotización, de manera que se puede afirmar que esta reducción de las bases de cotización y del dinero que la Ciudad ingresa a la Seguridad Social por sus trabajadores es indebida.

Esta bajada en las bases de cotización y en los ingresos en la Seguridad Social afecta directamente a los derechos de jubilación, y a otras prestaciones, que se calculan tomando como base estas cotizaciones. De esta forma el gobierno de Vivas está perjudicando lo que, en el futuro, los empleados municipales van a cobrar como pensión de jubilación.

A la hora de escribir este artículo no se conoce la reacción de la Ciudad a esta denuncia de CCOO, por lo que no se pueden valorar sus palabras, pero en todo caso hay que observar que caben dos posibilidades: que esto sea un error o que sea intencional.

Si es un error, éste es de tal tamaño, importancia y trascendencia que hay que depurar responsabilidades en quien corresponde, que no es otro que el consejero Paco Márquez, que debería dimitir o ser cesado, y de camino renunciar al acta en el Congreso de los Diputados que parece que le está esperando. Aún siendo un error la situación se agrava porque no ha sido advertida por nadie hasta que los sindicatos han llevado la reducción a las autoridades laborales y sociales.

Si la reducción se ha hecho a sabiendas de que no era conforme al Real Decreto-Ley entraríamos en otro terreno y correspondería a los juzgados del orden jurisdiccional penal decidir sobre lo que ha sucedido.

La situación en la administración de la Ciudad Autónoma ha pasado ser patética a dantesca. Las arcas casi vacías y el poco dinero que se puede extraer de ellas se dedica a comprar cuadros en galerías de alto nivel de Madrid, que parece que es la verdadera prioridad de Juan Vivas.

Más allá de la responsabilidad política de Paco Márquez como encargado directo de los recursos humanos, es preciso señalar que el verdadero y más completo responsable del edificio en ruina que es nuestra administración autonómica no es otro que el Presidente Juan Jesús Vivas Lara, que ni rectifica, ni reforma, ni dirige. Emplea sus horas en hacer populismo de la estofa más baja perjudicando incluso las pensiones de jubilación de los empleados municipales.

Eligiendo la sanción aplicable

Los vertidos ilegales de residuos suponen una problemática que el Gobierno de la Ciudad no ha acertado a corregir. Esporádicamente realizan algunas acciones, con una buena cobertura de Teleceuta, para hacer propaganda, pero los vertederos ilegales continúan apareciendo y creciendo.

Estos vertederos constituyen un problema que afecta a la salud y el bienestar de los ciudadanos, objetivos básicos de cualquier acción pública, y es por ello más sorprendente aún que Juan Vivas y los suyos no se hayan tomado el interés que ponen en otros asuntos de menos trascendencia como la compra de cervatillos vegetales o la adquisición de estatuas de bronce.

El otro día alguien debió ver la luz en el Palacio Autonómico y llevó a Yolanda Bel a anunciar a gritos como si vendiera verdura (tono habitual de la portavoz del gobierno) que, a partir de ahora, no iban a aplicar la ordenanza municipal de limpieza para sancionar los vertidos ilegales, sino que se iban a acoger a la Ley de Residuos.

Cualquiera que tenga un mínimo de formación jurídica sabe que la norma que se aplica a un hecho depende del ámbito de aplicación de ésta y que, en el caso de la normativa sancionadora, debe haber una perfecta adecuación entre el hecho y lo dispuesto en la norma, no pudiéndose elegir la norma administrativa más sancionadora, ya que rigen constitucionalmente casi los mismos principios que en el Derecho Penal.

Lo que, con los datos que tengo de lo publicado en prensa, anunció la portavoz del Gobierno fue precisamente eso: la elección de la norma más desfavorable al hecho. Esto se encuentra excluido por el Derecho Administrativo Sancionador y que hará exitosos los recursos que se planteen contra las sanciones que puedan recaer.

La única responsabilidad la hemos de encontrar en la desidia de Juan Vivas y sus consejeros en adecuar el régimen sancionador aplicable en la Ciudad, dentro de sus competencias, a la Ley de Residuos. No tiene sentido que las disposiciones de la ordenanza municipal de limpieza se superpogan con las de la Ley de Residuos creando un marco realmente indeseable.

Se agrava más la situación con el hecho de que, hasta ahora, la Ciudad ha estado aplicando la ordenanza y olvidándose de la Ley. ¿Por qué? ¿Qué pretendía la Ciudad no aplicando la Ley? ¿No sabían que existía la Ley o conociéndola prefirieron no emplear las sanciones de esta norma? ¿Por qué no han reformado la ordenanza de limpieza para evitar duplicidades sancionadoras?

Todo esto no implica ni gasto de dinero ni otros compromisos de la Ciudad. Tener la normativa en orden para que las sanciones sean efectivas sólo se consigue con trabajo, atención y con ganas de hacer las cosas bien. Es lógico que esto no interese a Juan Vivas, porque una ordenanza no se puede inaugurar tres veces.

Irrelevancia y sumisión

Los casi dos años que José Fernández Chacón lleva al frente de la Delegación del Gobierno no tienen otro calificativo posible que el de “años perdidos”. Fernández Chacón ha demostrado una absoluta incapacidad para la gestión política que, en ocasiones, supera a la del Gobierno de Vivas, cosa de gran dificultad.

La incapacidad de Fernández Chacón se caracteriza no por hacer mal la mayoría de las cosas, como Juan Vivas, sino por no hacer absolutamente nada. Alguien le debió decir que el tiempo arregla los problemas, pero todavía no se ha dado cuenta que los problemas se pudren con el tiempo, como el lunes escribió Aureliano Martín.

Su incapacidad política está en la misma línea que su irrelevancia. A nadie le sorprenden que los diversos departamentos ministeriales operen en Ceuta sin consultarle y sin que a él digan le nada. En el fondo da igual, porque de una consulta a Fernández Chacón solamente se puede obtener el silencio por respuesta.

Un político debe aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y los verdaderos problemas no son aquellos que se resuelven según un procedimiento administrativo absolutamente reglado, que para eso ya están los funcionarios. Un político no tiene ni debe tener las mismas obligaciones que los funcionarios, ya que la política debe aunar creatividad y prudencia, virtudes ambas que están completamente ausentes de las acciones de Fernández Chacón.

Las manifestaciones de inmigrantes que están siendo noticia son exclusiva responsabilidad de Fernández Chacón y de ese equipo de ‘cracks’ políticos de los que se ha rodeado o le han rodeado. La Delegación del Gobierno no ha sabido ni ver el problema, ni buscar una solución a tiempo y, a la hora de la verdad, se ha refugiado en una interpretación tan restrictiva de la norma que parece más propia de alguien que representase a un gobierno de Nicolas Sarkozy que a uno de Rodríguez Zapatero.

En las pasadas Elecciones Generales, 14.716 ceutíes votamos al PSOE y al Presidente Rodríguez Zapatero. Contra la propaganda oficial del PP de que Ceuta odia al PSOE el 40.47% de los ceutíes optamos por la izquierda. Luego llegó la concreción de ese voto ilusionado que ha sido la decepción profunda y absoluta que representa Fernández Chacón y su grupo de oportunistas políticos.

Cuando Juan Vivas, en la primera ocasión que tuvo, le largó su discursillo sobre “lealtad institucional”, Fernández Chacón lo entendió perfectamente y lo hizo suyo. El Delegado del Gobierno captó a la primera que “lealtad” significa “sumisión” y ha entregado toda la representación institucional y las potestades legales del Gobierno de España a los dictados y caprichos del gobierno local. Fernández Chacón no ha reaccionado ni una sola vez, en el ámbito de sus competencias, a circunstancias que hubieran requerido su actuación.

Es triste pero hay que reconocer que el único objetivo que tienen Fernández Chacón y los suyos es mantenerse en sus puestos mientras dure. Ni el programa de su partido, ni la mejora de los servicios públicos, ni el encauzamiento del desmadre financiero de la Ciudad, ni la cohesión social son asuntos que les preocupe. A ellos solamente les preocupa sentarse en sus sillones cada mañana.

Es difícil creerse al gobierno de la Ciudad

La falta de credibilidad del gobierno de la Ciudad debería ser centro de un escarnio generalizado. Al gobierno de Juan Vivas le da igual decir una cosa y la contraria con pocos días de diferencia, e incluso faltar a la verdad sin el menor recato, seguros que están que el aparato propagandístico callará las contradicciones que tienen.

El tema de la Manzana del Revellín ha tenido que volver a la Asamblea, por más que le pese al gobierno de la Ciudad. Les pesa porque el traslado del mercado a la Manzana del Revellín lo camuflaron en unas normas interpretativas del Plan General de Ordenación Urbana y encima el consejero Doncel tuvo la osadía de enfadarse cuando la portavoz socialista lo relacionó y sacó todo el entuerto a la luz.

Han pasado los meses. El mercado sigue donde estaba y parece que las razones que hacían urgentísimo y perentorio su traslado a la Manzana del Revellín, pagando la Ciudad una millonada anual en concepto de alquiler, han desaparecido.

Muchos fueron vilipendiados como enemigos del progreso de Ceuta por creer que un mercado de abastos no tenía nada que ver con un auditorio y un centro cultural. Ahora nadie recuerda lo esencial que era ese urgentísimo traslado. ¿Se han solucionado la inmensidad de problemas que el voluminoso expediente que justificaba ese traslado manifestaba? Si no se ha hecho es una absoluta irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad; si se ha hecho y el mercado sigue funcionando, se demuestra que el traslado no era ni urgente ni necesario.

Se nos dijo un millón de veces que la Manzana del Revellín iba a cerrarse con un coste de 29.000.000 de euros, pero ya comienza a reconocerse un costo de 55.000.000 de euros. Esto ha sido sólo en seis años, que mucho nos tememos que el dinero final que la Ciudad tenga que desembolsar sea una cifra aún mayor.

Paco Márquez, otro de los genios del gobierno, aseguró que los datos presentados por Mohamed Alí sobre la deuda de la Ciudad eran falsos, que los diputados de la UDCE era unos analfabetos en lo referente a la deuda y que la rueda de prensa que dieron desvelando el verdadero endeudamiento de la Ciudad era pura desinformación.

Lo mismo debe pensar Paco Márquez de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda que han dado la razón a Mohamed Alí y se la han quitado a Paco Márquez. La rueda de prensa de la UDCE informando a la ciudadanía que cuánto es lo que lo realmente debemos sí era información y, a la luz de los datos del Ministerio de Economía, la rueda de prensa que Paco Márquez dio en respuesta sí fue un ejercicio de manipulación e, incluso, de descalificación impropia en una sociedad como la española.

Algunos tienen la sensación falsa de que son los listos de la clase rodeados de ignorantes (lo mismo es cierto una vez dentro del Consejo de Gobierno) y de lo que no se dan cuenta es que su “inteligencia” está protegida mediáticamente. Las equivocaciones y los errores del gobierno tienen un peso mayor porque sus fallas nos cuestan dinero a todos y repercuten tanto en los servicios que recibimos como en los impuestos que pagamos.

Sus errores, garrafales en la mayoría de las ocasiones, son tapados no sólo por el tiempo, sino por un inmenso sistema de control de la información y de la opinión que los ceutíes reciben. Un sistema de control que sale de los bolsillos de los ciudadanos y no, precisamente, de los del Partido Popular.

Hombres fuertes

Resulta llamativo que durante los años de Presidencia de Juan Vivas, en su gobierno, siempre se ha señalado la figura del “hombre fuerte”. En ningún organigrama oficial, en ninguna norma reguladora del funcionamiento de la Administración se acoge, ni de lejos, esta figura, y no se hace porque es una figura eminentemente política y no jurídica.

El diseño institucional que se estableció en España con la Constitución de 1978 eligió deliberadamente la creación de un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que pudiese tomar decisiones pese a que no contase con la mayoría absoluta en el Congreso. Este esquema ha sido replicado en los diversos niveles de nuestro gobierno, sea autonómico o local, primándose la gobernabilidad sobre la representatividad. Este diseño está pensado para que el hombre fuerte sea jefe del ejecutivo.

¿Por qué proliferan los “hombres fuertes”? En primer lugar porque hay jefes del ejecutivo que no se fían de los miembros de su gobierno, porque consideran que son incapaces (pese a que los han nombrado ellos mismos) o porque dudan constantemente de su lealtad. Para ello requieren de un “hombre fuerte” que sea su “alter ego” y así poder vigilar tanto el trabajo como la lealtad de los miembros de su gobierno.

Una segunda posibilidad, no excluyente de la primera, sea la propia conciencia de la incapacidad del jefe del ejecutivo, que le lleva a tomar en más peso el criterio de una persona cercana (o políticamente fuerte) que el de otras personas, incluso que el propio criterio. Los “hombres fuertes” aportan seguridad, conocimientos, contactos y elementos de capital político de los que el jefe del ejecutivo puede carecer.

La tercera causa que produce “hombres fuertes” es el sopor que la labor de gobierno puede generar en algunos gobernantes. Esto es raro en los sistemas, como el nuestro, en el que hay que luchar a varios niveles para llegar a gobernar y fue mucho más frecuente en los tiempos en los que el gobierno se ejercía según derecho de nacimiento. En todo caso, y a pesar de lo anterior, hay facetas especialmente pesadas en la labor de gobierno, importantes pero complicadas y espesas, que algunos jefes de ejecutivo no quieren asumir y entregan con todas las consecuencias a su “hombre fuerte”.

La cuarta causa, acumulativa como todas las demás, es que el jefe del ejecutivo tenga miedo a los conflictos y tema discutir con personas que no son sus subordinados. Recurre al “hombre fuerte” para que desarrolle la función de parapeto, de persona que dice lo que la imagen pública o la impotencia política del jefe es incapaz de decir.

Como nadie es nombrado “hombre fuerte” se percibe su existencia sobre la base del criterio schmittiano del poder en los momentos extremos (“quien tiene capacidad de decisión en las dificultades, es realmente quien manda”). Juan Vivas suele hacerlo a través de un desajustado y poco lógico reparto de competencia o a través de la delegación de determinadas funciones propias que le descargue y proteja de la crítica.

En los diversos gobiernos de Juan Vivas se han sucedido los “hombres fuertes”: desde Emilio Carreira a Paco Márquez. Las causas pueden ser todas o algunas de las antes citadas, y también alguna más, pero lo cierto es que con cada defenestración gubernamental todos los medios y las personas que siguen de cerca la política ceutí se lanzan a establecer el nuevo “hombre fuerte” del gobierno ceutí.

¿Es tan cierto el liderazgo de Vivas cuando nunca ha podido gobernar sin el sustento de un “hombre fuerte”?

Deuda municipal y beneficios ciudadanos

Ceuta tiene una de las mayores deudas municipales de España y el gobierno de Vivas se siente satisfecho por ello. 32.000.000.000 de pesetas (195.000.000 de euros) son un motivos de satisfacción. Dicen que se puede pagar y que no es nada, pero no deja de sorprender como otras corporaciones se esfuerzan por mantener su deuda lo más contenida posible. Deben ser esos munícipes unos inconscientes que privan a sus ciudadanos de los beneficios de una deuda tan monstruosa como la que padecemos los ceutíes.

El endeudamiento de las corporaciones locales puede ser un adecuado instrumento de inversiones en determinadas circunstancias. El problema que tiene Ceuta es que una cantidad tremenda de deuda no guarda relación con los servicios que muchos ciudadanos reciben y que distan de los servicios que los demás españoles dan por descontados y evidentes.

El servicio de transporte público, dejado de la mano de una concesión que va terminando sus décadas de vigencia, es una de las más importantes carencias de la ciudad. Las condiciones en las que se presta el servicio, la despreocupación del gobierno municipal por la seguridad del servicio y de los trabajadores, hacen poco justificable unos cuantos millones de esa deuda de la que Vivas y Márquez se sienten tan orgullosos.

La mayor parte de las calles y de la población de Ceuta tienen descuidadas sus calles, el alcantarillado que sirven a sus vivienda, sufren cortes de agua y de suministro eléctrico inopinados y continuos.

Los planes de inversión en las infraestructuras básicas se hacen sólo para el centro de la ciudad. Una ciudad con tan graves problemas en sus infraestructuras básicas tiene serias dificultades para justificar uno de los mayores endeudamientos de las corporaciones locales españolas.

Si contáramos con una administración eficiente, adecuada a los fines que debe perseguir y consiguiendo sensatamente sus objetivos, una parte de la deuda estaría justificada. Lo que tenemos es todo lo contrario: una administración absolutamente desorganizada, sin una clara delimitación de funciones, con órganos que se superponen los unos a los otros redoblando los gastos y disminuyendo proporcionalmente el rendimiento, empresas municipales que contratan sin criterio y que tienen un funcionamiento y un control infinitamente mejorable.

La estructura orgánica de la ciudad, la proliferación de la llamada “administración instrumental” y la ausencia absoluta de cualquier criterio racional a la hora de gestionar las empresas municipales hacen que la deuda ceutí sea todavía menos justificable.

El coste social y económico de la pésima gestión del gobierno de Juan Vivas se muestra en que tenemos la tasa de desempleo mayor de España y que el gobierno de la Ciudad no ha sido capaz, en muchos años, de atraer inversiones privadas relevantes a nuestro territorio. Lo suyo ha sido pedir ingentes cantidades de dinero para gastar aún más del que tienen, generando una deuda que va a hipotecar a las futuras corporaciones y a impedir que los que les sucedan puedan hacer algo.

La deuda de Ceuta es una deuda que solamente ha sufragado el despilfarro, la ostentación y los gastos superfluos. Ha financiado una política de plazos cortos destinadas únicamente a livianas satisfacciones que lleven al voto. La deuda no ha servido para que los emprendedores emprendan, para que los trabajadores puedan hacerlo y si lo hacen con dignidad o para que haya una serie de servicios imprescindibles.