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Juan Vivas recorta las pensiones

Ayer la prensa local publicaba que los trabajadores municipales, a través de los representantes sindicales de CCOO, han denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Tesorería General de la Seguridad Social que el Gobierno de Juan Vivas ha reducido las bases de cotización de los empleados municipales en la misma proporción en la que han reducido los salarios.

La norma que ordenaba y habilitaba esta reducción, el Real Decreto-Ley 8/2010, excluía expresamente la reducción en las bases de cotización, de manera que se puede afirmar que esta reducción de las bases de cotización y del dinero que la Ciudad ingresa a la Seguridad Social por sus trabajadores es indebida.

Esta bajada en las bases de cotización y en los ingresos en la Seguridad Social afecta directamente a los derechos de jubilación, y a otras prestaciones, que se calculan tomando como base estas cotizaciones. De esta forma el gobierno de Vivas está perjudicando lo que, en el futuro, los empleados municipales van a cobrar como pensión de jubilación.

A la hora de escribir este artículo no se conoce la reacción de la Ciudad a esta denuncia de CCOO, por lo que no se pueden valorar sus palabras, pero en todo caso hay que observar que caben dos posibilidades: que esto sea un error o que sea intencional.

Si es un error, éste es de tal tamaño, importancia y trascendencia que hay que depurar responsabilidades en quien corresponde, que no es otro que el consejero Paco Márquez, que debería dimitir o ser cesado, y de camino renunciar al acta en el Congreso de los Diputados que parece que le está esperando. Aún siendo un error la situación se agrava porque no ha sido advertida por nadie hasta que los sindicatos han llevado la reducción a las autoridades laborales y sociales.

Si la reducción se ha hecho a sabiendas de que no era conforme al Real Decreto-Ley entraríamos en otro terreno y correspondería a los juzgados del orden jurisdiccional penal decidir sobre lo que ha sucedido.

La situación en la administración de la Ciudad Autónoma ha pasado ser patética a dantesca. Las arcas casi vacías y el poco dinero que se puede extraer de ellas se dedica a comprar cuadros en galerías de alto nivel de Madrid, que parece que es la verdadera prioridad de Juan Vivas.

Más allá de la responsabilidad política de Paco Márquez como encargado directo de los recursos humanos, es preciso señalar que el verdadero y más completo responsable del edificio en ruina que es nuestra administración autonómica no es otro que el Presidente Juan Jesús Vivas Lara, que ni rectifica, ni reforma, ni dirige. Emplea sus horas en hacer populismo de la estofa más baja perjudicando incluso las pensiones de jubilación de los empleados municipales.

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Lo que no quieren que veamos

El Gobierno de la Ciudad abrió, hace unos días, el tarro de las esencias para atacar a los varios centenares de parados que, diariamente, se manifiestan entre el Palacio Autonómico y la Delegación del Gobierno. Unas manifestaciones que van camino de los dos meses y que ponen en evidencia que Ceuta no es la imagen oficial y propagandística que el Gobierno de la Ciudad quiere proyectar a sus votantes: una Ceuta en la que no hay ningún problema realmente importante.

El derecho a manifestarse en un derecho fundamental amparado por la Constitución de 1978. El ejercicio de un derecho fundamental prevalece ante la propaganda del Gobierno de Juan Vivas y por mucho que ellos quieran no se pueden impedir ya que ni hay peligro de grave alteración del orden público y ni de comisión de delito. Casi dos meses de pacíficas manifestaciones demuestran que este peligro no existe.

El Gobierno de Juan Vivas, por boca de su inefable portavoz, ha acusado a los manifestantes de causar todos los males pasados, presentes y futuros. Unos manifestantes que pasan en unos pocos minutos por las vías (en su mayoría peatonales) del centro de la ciudad. Son acusados del caos circulatorio y del descenso de ventas de los comerciantes, pero sin valorar que en quince minutos no se produce ni lo uno ni lo otro.

El hecho de que los comerciantes vendan poco se debe a dos factores: el escaso nivel adquisitivo de buena parte de la población y el poco atractivo de los productos que ofrecen. El hecho de que el tráfico sea un caos es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad que no ha sabido diseñar una estructura viaria sensata, establecer una red de transporte público digna del siglo XXI e incentivar la posibilidad de dejar el coche en casa.

No sé si es más lamentable que penoso, que Juan Vivas ataque a unas personas que quieren un trabajo y que les quiera quitar hasta el ejercicio de uno de los más antiguos derechos fundamentales: el derecho a manifestarse públicamente. No es por el bien de nosotros, por lo que hablan Juan Vivas y su inefable portavoz, sino por su propio bien político, por su permanencia en la poltrona.

Los derechos fundamentales, en la concepción que tiene de ellos el Gobierno de la Ciudad, están para no ser ejercidos. Los derechos fundamentales son lo que para ellos es la Constitución donde se encuentran: papel mojado. Los derechos fundamentales, en la concepción del “Vivismo”, solamente son correctamente ejercidos si con ello se contribuye al ridículo culto mesiánico del Presidente de la Ciudad.

En una ciudad tan asimétrica como la nuestra, donde en pocos kilómetros cuadrados, se concitan condiciones vitales tan diferentes, hay un amplio sector que vive el paro y las protestas desde una lejanía que se confunde con la indiferencia. Incluso habrá a quienes las manifestaciones les parezcan poco estéticas, por si las ve uno de esos turistas que nunca vienen (prefieren que el paro y la pobreza se esconda bajo la alfombra).

Las manifestaciones presentes no sólo son el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, sino que son garantía de que cualquiera, cuando en conciencia lo considere oportuno, puede hacer lo mismo y no habrá Presidente, inefable portavoz o “replicante” de las consignas del Gobierno que se lo pueda impedir. El sitio para manifestarse es la calle, donde está realmente lo público, por más que duela al Presidente que las calles céntricas se les llene de personas sin empleo.

El Gobierno quiere controlar todo lo que que vemos, leemos y escuchamos. Quiere dar a los ciudadanos, cada día, la dosis de propaganda que tienen preparada. Que la realidad les salte en la cara y que se manifieste en la calle constituye un fallo de guión con el que no contaban.

Por una nueva oficina del INEM


Las manifestaciones de los parados de nuestra ciudad, en vez de disminuir por el paso del tiempo y la absoluta desidia de las autoridades nacionales y locales, se están acrecentando. Los parados que nadie quiere ver, que incluso algunos niegan, se están haciendo más y más presentes conforme pasan los días de movilizaciones y manifestaciones.

Los parados ceutíes no sólo son ignorados, sino que son maltratados por la autoridad de empleo, que mantiene una ridícula oficina de atención a los ciudadanos, donde hay que coger número y esperar tener suerte para ser atendido. Una oficina que no tiene ni una ventanilla de información, sino que solamente informa si se tiene número, lo cual acreciente aún más las esperas.

Lamentablemente, y debido al paro en nuestra ciudad, deberíamos estar reclamando una tercera oficina del INEM, pero no es así y nos tenemos que vernos forzados a pedir la segunda oficina que debería estar en funcionamiento desde hace mucho tiempo. Tenemos una única oficina que no está en condiciones, no tiene personal suficiente y hace que realizar las gestiones relativas al Servicio Público de Empleo se acerque a un castigo añadido al hecho de estar parado.

Falsos profetas en tiempos de crisis

el-profeta-gargalloEl Banco Central Europeo se ha tirado demasiado tiempo obsesionado con la inflación, manteniendo unos tipos de interés demasiado altos si se comparaba con los de otros bancos centrales. La doctrina anti-inflacionaria ha sido un dogma que la autoridad monetaria europea heredó acríticamente del “Bundesbank”, el cual más por razones históricas que económicas vinculó hasta excesos hilarantes la Democracia al control inflacionario.

Con todos los indicadores económicos señalando una recensión clara, el Banco Central Europeo se empeñó en este elemento que lo único que ha hecho ha sido agudizar la crisis, agudizando la escasez de crédito que el propio mercado financiero sufría, ya que los costes de los préstamos interbancarios, cuando éste más necesario era, se convertía en impagable para muchas entidades.

La política contraria a la inflación y el equilibrio presupuestarios son buenas ideas y deben ser principios guías, pero solamente ello, nunca se pueden convertir en principios absolutos, porque una vez absolutizados las víctimas de este culto económico serán los ciudadanos, concretamente los ciudadanos más desfavorecidos.

Después de escandalizarse los del PP de los datos de la inflación, incluso celebrando el espanto de la “estanflación”, ahora no dicen nada de lo positivo y significativo que sería para nuestra economía que el indicador del IPC fuera positivo y no negativo, es decir, que volviésemos a tener inflación.

Avergonzados por haber utilizado la ahora añorada inflación como arma política, el PP se fija ahora en el gasto público. Quieren menos gastos público, pero no dicen ni cuánto menos ni cuáles serían las áreas de la actuación estatal que vivirían esos recortes.

No quieren decirlo porque recortarían servicios esenciales, tales como la Sanidad, las prestaciones de la Seguridad Social o en la Educación. Nos hablarán de modernización, de flexibilidad, de puesta al día o de un sistema ágil de tributación.

Todas estas palabras no son más que lemas publicitarios para vender como bueno lo que va a ser perjudicial a los afectados. Decir que el despido es caro y que por ello hay paro es un absurdo cuando estamos llegando a los cuatro millones de parados. Lo que realmente se quiere es facilitar el despido sin indemnización de los trabajadores con más antigüedad en las empresas y que son los que tienen mayores percepciones salariales. Este sistema de abaratamiento del despido lo que quiere es convertir a todos los trabajadores en mileuristas.

Pronto se nos dirá que la modernización sanitaria pasa por la privatización de los servicios. Que el ahorro pasa por algo que suene correctamente como el “copago”, lo que supondrán el principio del fin de un sistema sanitario y gratuito, porque el “copago” no tiene el mismo efecto sobre todas las economías familiares, ya que las rentas difieren. Las aseguradoras sanitarias privadas subirán sus seguros y algún lamentaremos el habernos dejado seducir por falsos lemas de modernización.

Prestaciones de la Seguridad Social y la tributación tomarán un camino parejo. Se hablará de capacidad de elección del sistema de protección, que realmente significa que las cotizaciones y las prestaciones se privatizarán; en vez de proponer un margen de elección dentro del sistema público, lo que se propondrán será convertirlo en un sistema marginal, de beneficencia y que nuevamente las aseguradoras privadas preparen sus carteras para los beneficios propios y que cuentan con ingentes capitales para especular.

En estos tiempos de angustia han surgido y surgirán falsos profetas que ocultan los intereses que representan. En estos tiempos es fácil encandilarse con quien propone soluciones fáciles y estables. La regla de oro es preguntarles siempre por el cuánto se reduce el gasto público y en qué áreas se hará.

Siempre lo mismo

Algunos parecen que no se enteran de que el cambio de circunstancias exige un cambio en las medidas que se deben adoptar. Desde las organizaciones patronales y desde el partido de la derecha se insiste en las bajadas impositivas generalizadas y en el abaratamiento del despido como medio para conseguir salir de la crisis.

Estas medidas son las mismas que pedían cuando la economía crecía desorbitadamente. Algo debe estar mal en determinadas doctrinas económicas y políticas cuando siempre proponen lo mismo independientemente de la situación económica y social. Tienen poca credibilidad quienes siempre recomiendan lo mismo pase lo que pase, demostrando así que sus intereses no son los de la mayoría.

Las rebajas fiscales generalizadas no son una buena idea en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. El hecho de disminuir los ingresos que los contribuyentes, especialmente las empresas, tienen que aportar al Estado no implica necesariamente que esa cantidad, muchas veces pequeñas vistas una a una, vaya a llevarse a la inversión. Lo que sucederá normalmente es que se queden en las reservas de las empresas, por lo que pueda venir.

La consecuencia de estas rebajas fiscales es que el Estado tiene menos recursos cuando más los necesita y que el dinero no fluirá desde las empresas a la sociedad. En los próximos meses y años el Estado tendrá que retomar cuantiosos gastos para dinamizar la economía, de forma que si se le eliminan ingresos para que estos se queden decorando balances, lo único que estaremos es acrecentando el déficit.

Tampoco entiendo cómo se consigue crear empleo abaratando el despido, por más que he hecho verdaderos propósitos para entenderlo de la forma más empática. Cuando se abarata el despido, lo que se incentiva es el despido y no el empleo. Una empresa contrata a un trabajador cuando le hace falta, independientemente del coste que el despido de ese trabajador podría tener.

Todo esto es más extraño cuando nuestro país es el paraíso de la temporalidad en la contratación laboral, una forma que no genera derecho a indemnización por despido cuando finaliza el contrato.

Además el abaratamiento del despido no es más que una estrategia para que las empresas puedan deshacerse de los trabajadores que llevan más años en ellos y que, en virtud de esa antigüedad, son los que tienen mayores percepciones salariales.

Bajar el despido de un “menos de mileurista” que lleva un año trabajado no es significativo, pero cuando se le elimina parte de la indemnización por despido a millones de trabajadores con muchos años de antigüedad sí estamos ante algo realmente preocupante.

Lo que se pretende es echar a la calle a trabajadores de más de cuarenta años, pagándoles una miseria de indemnización, y contratar a personas a “bajísimo coste” para los empresarios y con un alto coste personal y social, ya que tendrán serias dificultades para encontrar un nuevo puesto de trabajo.

En un país que ya tiene, según los datos de la EPA, más de tres millones de parados no parece que lo más recomendable sea dar facilidades para que haya más parados. La cohesión social depende de ello y es más, la solidaridad de la que muchos empresarios se benefician en forma de infraestructuras que disfrutan en su actividad, exige que den mantengan los empleos por más que sus contabilidades puedan quedar algo perjudicadas.

Artículo publicado en “El Faro de Ceuta”.

CCOO de Ceuta en el 9 Congreso Confederal

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A las siete de la tarde de ayer, en CCOO de Ceuta tuvimos la Asamblea Congresual para elegir nuestro representante en el 9º Congreso Confederal de CCOO, discutir y votar las enmiendas que se presentarán al Programa de Acción y a los Estatutos y valorar el Informe General que sobre su mandato ha presentado José María Fidalgo.

Juan Aróstegui destacó la necesidad de que CCOO recobre el sindicalismo más combativo, el sindicalismo que es capaz de movilizar y salir a la calle. Ramón Moreda insistió en el papel que tiene que tener CCOO en el actual contexto y José Antonio Alarcón mostró la necesidad de que haya una nueva dirección confederal de CCOO que lleve en mejor camino al sindicato.

La Asamblea Congresual también apoyó presentar una resolución de condena del espionaje militar al que nuestro sindicato y otros miembros de la sociedad civil ceutí han sido sometido por las Fuerzas Armadas.

Espero y deseo que cambie la dirección confederal de CCOO y la línea de defensa de los trabajadores desde posiciones netamente de izquierda llegue también a la dirección confederal, más acostumbrada a las reuniones de “alto nivel” que a la lucha sindical de base contra el paro, la precariedad laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores.