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Juan Vivas recorta las pensiones

Ayer la prensa local publicaba que los trabajadores municipales, a través de los representantes sindicales de CCOO, han denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Tesorería General de la Seguridad Social que el Gobierno de Juan Vivas ha reducido las bases de cotización de los empleados municipales en la misma proporción en la que han reducido los salarios.

La norma que ordenaba y habilitaba esta reducción, el Real Decreto-Ley 8/2010, excluía expresamente la reducción en las bases de cotización, de manera que se puede afirmar que esta reducción de las bases de cotización y del dinero que la Ciudad ingresa a la Seguridad Social por sus trabajadores es indebida.

Esta bajada en las bases de cotización y en los ingresos en la Seguridad Social afecta directamente a los derechos de jubilación, y a otras prestaciones, que se calculan tomando como base estas cotizaciones. De esta forma el gobierno de Vivas está perjudicando lo que, en el futuro, los empleados municipales van a cobrar como pensión de jubilación.

A la hora de escribir este artículo no se conoce la reacción de la Ciudad a esta denuncia de CCOO, por lo que no se pueden valorar sus palabras, pero en todo caso hay que observar que caben dos posibilidades: que esto sea un error o que sea intencional.

Si es un error, éste es de tal tamaño, importancia y trascendencia que hay que depurar responsabilidades en quien corresponde, que no es otro que el consejero Paco Márquez, que debería dimitir o ser cesado, y de camino renunciar al acta en el Congreso de los Diputados que parece que le está esperando. Aún siendo un error la situación se agrava porque no ha sido advertida por nadie hasta que los sindicatos han llevado la reducción a las autoridades laborales y sociales.

Si la reducción se ha hecho a sabiendas de que no era conforme al Real Decreto-Ley entraríamos en otro terreno y correspondería a los juzgados del orden jurisdiccional penal decidir sobre lo que ha sucedido.

La situación en la administración de la Ciudad Autónoma ha pasado ser patética a dantesca. Las arcas casi vacías y el poco dinero que se puede extraer de ellas se dedica a comprar cuadros en galerías de alto nivel de Madrid, que parece que es la verdadera prioridad de Juan Vivas.

Más allá de la responsabilidad política de Paco Márquez como encargado directo de los recursos humanos, es preciso señalar que el verdadero y más completo responsable del edificio en ruina que es nuestra administración autonómica no es otro que el Presidente Juan Jesús Vivas Lara, que ni rectifica, ni reforma, ni dirige. Emplea sus horas en hacer populismo de la estofa más baja perjudicando incluso las pensiones de jubilación de los empleados municipales.

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Fuegos artificiales como símbolo de una gestión

La polémica de los fuegos artificiales de la Feria, más allá de ser un episodio con una relevancia puntual, pone de manifiesto el estilo de gestión de los servicios y de los bienes públicos que el Gobierno de Vivas está realizando. Gasto de ingentes cantidades de dinero para acciones y cosas que no cumplen los objetivos ni la finalidad para la que han sido pagados. Improvisación, desorganización e incapacidad.

Terminó la Feria, como tradicionalmente, con un castillo de fuegos artificiales. El problema ha sido que este año casi nadie, salvando a los pirotécnicos y tres avisados,  ha podido verlos y los más afortunados pudieron oír el ruido de los estallidos de pólvora.

El hecho de que la Feria terminase con unos fuegos artificiales que no pudieron ser disfrutados por los ceutíes ha provocado una fuerte indignación entre la población. El Presidente Vivas ha dicho que sí, que lo han hecho muy mal, pero que no debería pasar nada ya que los fuegos artificiales solamente son una pequeña parte de las Fiestas Patronales y que éstas han sido, gracias a él, absolutamente maravillosas.

El problema no es que los fuegos artificiales se hayan tirado desde Santa Catalina por razones de seguridad. Estas razones avalaban la decisión que se tomó. Pero la cuestión no es si la decisión debía ser ésta u otra, ya que la nula previsión del Gobierno de Vivas le dejó, como única opción, lanzar los fuegos desde un emplazamiento de nula visibilidad.

El Presidente de la Ciudad ha dicho que la nueva línea de helicópteros con Algeciras ha conlleva la instalación de un depósito de combustible en el Helipuerto y que, lógicamente, era desaconsejable explosionar los fuegos desde el lugar habitual, pues implicaba asumir un serio peligro. Parece que la decisión tomada era la única que el sentido común y la sensatez aconsejaba, como se intenta vender todas las decisiones, por impopulares que sean, del Presidente Vivas.

Este nuevo despropósito del Gobierno de Vivas realmente es un símbolo de la forma de gestionar los intereses y los servicios de la Ciudad. La existencia de ese depósito es conocida desde antes de la puesta en servicio, hace varias semanas, de la línea aérea con Algeciras y los fuegos artificiales se lanzan desde cerca del Helipuerto desde hace mucho tiempo: ¿nadie en el Gobierno de la Ciudad se dio cuenta de que esto podía ser problemático con suficiente antelación?

El Gobierno de Vivas tiene una legión de asesores y cargos puestos a dedo que en principio tienen que aconsejarles, pero que parece que no se dan cuenta ni de las cosas más obvias, como era la necesidad de cambiar de lugar a los fuegos artificiales. Y no es una circunstancia sobrevenida, sino perfectamente previsible.

El resultado ha sido que los fuegos se han ‘tirado’ desde un lugar no avisado, que desde la Feria no han podido ser visto y menos aún desde cualquier lugar de la ciudad, y eso sí han costado los pertinentes miles de euros que no han servido para el disfrute y el fin de fiesta que tienen este tipo de espectáculos. Han tirado el dinero por no pensar un lugar alternativo, accesible y visible, y por no haberlo comunicado con la antelación suficiente a través de los medios de comunicación.

Ausencia de iniciativas de futuro

Uno de los problemas más profundos de la sociedad ceutí es el de su economía. Se podrá hablar de numerosas cuestiones bajo ciertas denominaciones que, a fuerza de ser repetidas, suenan ya a tópicos desgastados sin significado y que cualquiera puede emplear a su propio antojo.

La economía ceutí está muerta desde hace mucho tiempo. En Ceuta no se produce casi nada, con excepción de los servicios derivados de atender a los que ocupan los millares de puestos administrativos que se concentran en nuestra ciudad. Pero eso no es economía propia, sino una consecuencia necesaria de atender unas necesidades básicas, recibe fondos directos de los Presupuestos Generales del Estado y que tiene, como principal consecuencia, la mayor tasa de paro de España.

La única iniciativa a la que hemos asistido en esta década es la turística. La Ciudad ha gastado mucho dinero en fracasar y la ciudad sigue teniendo pocos establecimientos hoteleros, poca variedad entre ellos, poca oferta para el turista y menos turistas, gracias entre otros elementos a los precios abusivos de las navieras, que ni el gobierno popular ni el gobierno socialista han querido o han podido atajar.

El maná turístico es sencillamente increíble y nadie, salvo los que tienen obligación por razón de su cargo, cree en que haya ninguna posibilidad de éxito en la época de las líneas ‘low cost’. Fuera de la iniciativa turística el gobierno de la Ciudad no tiene ninguna otra idea, más allá de las recetas que han llevado a Ceuta a la lamentable situación económica en la que se encuentra.

Ahora se insiste en que la Administración del Estado siga creando puestos de trabajo de empleados públicos como hasta ahora se ha hecho. Unos puestos que por nuestras especificidades tienen que ser proporcionalmente más numerosos, pero cuya flexibilidad tiene un límite. Ya que el personal del Ayuntamiento no puede crecer más, se pide que el Estado siga aumentando artificialmente, muchas veces, su plantilla para absorber a los desempleados que la inexistente economía ceutí es incapaz de proporcionarles un trabajo.

La otra vía es la de las subvenciones. La carencia de ideas de Juan Vivas y de su alucinante equipo de colaboradores consiste en que todo lo que se haga en Ceuta tiene que ser apoyado mediante cuantiosas subvenciones. No importa que esa actividad sea nueva o no, necesite la subvención o no, tenga efectos positivos y viabilidad de fututo o no. Lo importante es estar echando dinero público con la única intención de hacer circular dinero en consumo que debería destinarse a inversiones verdaderamente productivas.

Hay alternativas y cabría realizar apuestas económicas de futuro pero para ello hay que tener un mínimo de inteligencia y la imaginación de un niño de cinco años, atributos ambos que en el gobierno de Juan Vivas son escasísimos.

El resultado es paro, dinero tirado para nada o, lo que es peor, para mantener un sector comercial poco competitivo y menos eficiente. Llegarán quienes saben apreciar la oportunidad de negocio y serán sus empresas las que saquen beneficio a las oportunidades que siempre aquí hemos tenido y que, muchas veces, nuestros prejuicios más profundos nos han hecho desechar.

Paco Márquez salvado por el Decreto-Ley

El Real Decreto-Ley 8/2010,  de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, le ha venido como anillo al dedo al Gobierno de la Ciudad. Las dificultades económicas del ente autonómico han estado en los medios de comunicación desde la última comunicación del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la “deuda viva” de cada uno de los municipios españoles.

Los días previos a la aprobación y ulterior publicación del Real Decreto-Ley fueron testigo de numerosas especulaciones sobre la posibilidad de un serio recorte a las transferencias que, desde la Hacienda del Estado, reciben las corporaciones locales. En nuestro caso hubo quien habló de una severa disminución de la cuantía de la compensación por el IPSI, principal fuente de financiación de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estas posibilidades no se han materializado, de forma que cabe esperar que la compensación continúe en los términos previstos hasta ahora.

Lo que sí se han recortado han sido los sueldos de los funcionarios de la Ciudad Autónoma y, por lo visto, solamente los ingresos de los funcionarios que no las retribuciones de los trabajadores de las empresas municipales, cuyo número ha sido el que más ha crecido en los últimos años. En el fondo es una gran noticia para el ahogado consejero de Hacienda de Ceuta, ya que se le obliga a hacer una disminución en los sueldos (algo de lo que siempre podrá culpar a otros) y los ingresos, por ahora, no se los tocan.

El consejero ha anunciado que se van aminorar algunas subvenciones, especialmente la de la AD Ceuta, aunque solamente en una cuantía del 40%. Y digo concientemente que es solamente un 40% porque la reducción debiera haber sido mucho mayor e incluso alcanzar la totalidad. No tiene sentido financiar algo que interesa cada vez a menos personas, que no tiene ninguna utilidad para la ciudad en su conjunto y que no revierte de ningún modo sobre la economía real de nuestra ciudad ni sobre la sociedad ceutí.

Creo, hasta donde sé, que el consejero Paco Márquez ha anunciado una revisión de otras subvenciones y de las partidas de gasto corriente. No me parece una mala idea, sinceramente, siempre que la revisión de las subvenciones no se hagan sobre criterios partidistas y/o electoralistas, sino teniendo en cuenta lo que con cada una de ellas se consigue y que servicio se presta a la sociedad ceutí, no perdiendo de vista que hay servicios más importantes que otros, aunque beneficien a menos personas.

Paco Márquez, para disminuir el gasto corriente, puede repasarse las interpelaciones y las notas de prensa de la oposición en los dos últimos mandatos. La oposición se ha cansado en decir que se está despilfarrando el dinero poniendo maceteros carísimos para sustituir a otros maceteros que estaban en perfectas condiciones; gastando una millonada para invadir el centro de muñecos de Disney hechos de seto; tirando millones en flores de temporada que se plantan una y otra vez. Lo tiene fácil el consejero Márquez si realmente quiere reducir el gasto corriente de la Ciudad y, si lo tiene a bien, de las sociedad municipales.

Evidentemente la parte fea de todo esto van a asumirla Paco Márquez, Yolanda Bel o el que pase por allí, porque el máximo responsable de la política financiera de la Ciudad, Juan Vivas, no comparece para dar explicaciones, no dice nada y se mantendrá callado todo el tiempo posible, ya que él solamente está para lo bueno y abrazar a todo el que se encuentre.

Hombres fuertes

Resulta llamativo que durante los años de Presidencia de Juan Vivas, en su gobierno, siempre se ha señalado la figura del “hombre fuerte”. En ningún organigrama oficial, en ninguna norma reguladora del funcionamiento de la Administración se acoge, ni de lejos, esta figura, y no se hace porque es una figura eminentemente política y no jurídica.

El diseño institucional que se estableció en España con la Constitución de 1978 eligió deliberadamente la creación de un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que pudiese tomar decisiones pese a que no contase con la mayoría absoluta en el Congreso. Este esquema ha sido replicado en los diversos niveles de nuestro gobierno, sea autonómico o local, primándose la gobernabilidad sobre la representatividad. Este diseño está pensado para que el hombre fuerte sea jefe del ejecutivo.

¿Por qué proliferan los “hombres fuertes”? En primer lugar porque hay jefes del ejecutivo que no se fían de los miembros de su gobierno, porque consideran que son incapaces (pese a que los han nombrado ellos mismos) o porque dudan constantemente de su lealtad. Para ello requieren de un “hombre fuerte” que sea su “alter ego” y así poder vigilar tanto el trabajo como la lealtad de los miembros de su gobierno.

Una segunda posibilidad, no excluyente de la primera, sea la propia conciencia de la incapacidad del jefe del ejecutivo, que le lleva a tomar en más peso el criterio de una persona cercana (o políticamente fuerte) que el de otras personas, incluso que el propio criterio. Los “hombres fuertes” aportan seguridad, conocimientos, contactos y elementos de capital político de los que el jefe del ejecutivo puede carecer.

La tercera causa que produce “hombres fuertes” es el sopor que la labor de gobierno puede generar en algunos gobernantes. Esto es raro en los sistemas, como el nuestro, en el que hay que luchar a varios niveles para llegar a gobernar y fue mucho más frecuente en los tiempos en los que el gobierno se ejercía según derecho de nacimiento. En todo caso, y a pesar de lo anterior, hay facetas especialmente pesadas en la labor de gobierno, importantes pero complicadas y espesas, que algunos jefes de ejecutivo no quieren asumir y entregan con todas las consecuencias a su “hombre fuerte”.

La cuarta causa, acumulativa como todas las demás, es que el jefe del ejecutivo tenga miedo a los conflictos y tema discutir con personas que no son sus subordinados. Recurre al “hombre fuerte” para que desarrolle la función de parapeto, de persona que dice lo que la imagen pública o la impotencia política del jefe es incapaz de decir.

Como nadie es nombrado “hombre fuerte” se percibe su existencia sobre la base del criterio schmittiano del poder en los momentos extremos (“quien tiene capacidad de decisión en las dificultades, es realmente quien manda”). Juan Vivas suele hacerlo a través de un desajustado y poco lógico reparto de competencia o a través de la delegación de determinadas funciones propias que le descargue y proteja de la crítica.

En los diversos gobiernos de Juan Vivas se han sucedido los “hombres fuertes”: desde Emilio Carreira a Paco Márquez. Las causas pueden ser todas o algunas de las antes citadas, y también alguna más, pero lo cierto es que con cada defenestración gubernamental todos los medios y las personas que siguen de cerca la política ceutí se lanzan a establecer el nuevo “hombre fuerte” del gobierno ceutí.

¿Es tan cierto el liderazgo de Vivas cuando nunca ha podido gobernar sin el sustento de un “hombre fuerte”?

Deuda municipal y beneficios ciudadanos

Ceuta tiene una de las mayores deudas municipales de España y el gobierno de Vivas se siente satisfecho por ello. 32.000.000.000 de pesetas (195.000.000 de euros) son un motivos de satisfacción. Dicen que se puede pagar y que no es nada, pero no deja de sorprender como otras corporaciones se esfuerzan por mantener su deuda lo más contenida posible. Deben ser esos munícipes unos inconscientes que privan a sus ciudadanos de los beneficios de una deuda tan monstruosa como la que padecemos los ceutíes.

El endeudamiento de las corporaciones locales puede ser un adecuado instrumento de inversiones en determinadas circunstancias. El problema que tiene Ceuta es que una cantidad tremenda de deuda no guarda relación con los servicios que muchos ciudadanos reciben y que distan de los servicios que los demás españoles dan por descontados y evidentes.

El servicio de transporte público, dejado de la mano de una concesión que va terminando sus décadas de vigencia, es una de las más importantes carencias de la ciudad. Las condiciones en las que se presta el servicio, la despreocupación del gobierno municipal por la seguridad del servicio y de los trabajadores, hacen poco justificable unos cuantos millones de esa deuda de la que Vivas y Márquez se sienten tan orgullosos.

La mayor parte de las calles y de la población de Ceuta tienen descuidadas sus calles, el alcantarillado que sirven a sus vivienda, sufren cortes de agua y de suministro eléctrico inopinados y continuos.

Los planes de inversión en las infraestructuras básicas se hacen sólo para el centro de la ciudad. Una ciudad con tan graves problemas en sus infraestructuras básicas tiene serias dificultades para justificar uno de los mayores endeudamientos de las corporaciones locales españolas.

Si contáramos con una administración eficiente, adecuada a los fines que debe perseguir y consiguiendo sensatamente sus objetivos, una parte de la deuda estaría justificada. Lo que tenemos es todo lo contrario: una administración absolutamente desorganizada, sin una clara delimitación de funciones, con órganos que se superponen los unos a los otros redoblando los gastos y disminuyendo proporcionalmente el rendimiento, empresas municipales que contratan sin criterio y que tienen un funcionamiento y un control infinitamente mejorable.

La estructura orgánica de la ciudad, la proliferación de la llamada “administración instrumental” y la ausencia absoluta de cualquier criterio racional a la hora de gestionar las empresas municipales hacen que la deuda ceutí sea todavía menos justificable.

El coste social y económico de la pésima gestión del gobierno de Juan Vivas se muestra en que tenemos la tasa de desempleo mayor de España y que el gobierno de la Ciudad no ha sido capaz, en muchos años, de atraer inversiones privadas relevantes a nuestro territorio. Lo suyo ha sido pedir ingentes cantidades de dinero para gastar aún más del que tienen, generando una deuda que va a hipotecar a las futuras corporaciones y a impedir que los que les sucedan puedan hacer algo.

La deuda de Ceuta es una deuda que solamente ha sufragado el despilfarro, la ostentación y los gastos superfluos. Ha financiado una política de plazos cortos destinadas únicamente a livianas satisfacciones que lleven al voto. La deuda no ha servido para que los emprendedores emprendan, para que los trabajadores puedan hacerlo y si lo hacen con dignidad o para que haya una serie de servicios imprescindibles.

Lo que no quieren que veamos

El Gobierno de la Ciudad abrió, hace unos días, el tarro de las esencias para atacar a los varios centenares de parados que, diariamente, se manifiestan entre el Palacio Autonómico y la Delegación del Gobierno. Unas manifestaciones que van camino de los dos meses y que ponen en evidencia que Ceuta no es la imagen oficial y propagandística que el Gobierno de la Ciudad quiere proyectar a sus votantes: una Ceuta en la que no hay ningún problema realmente importante.

El derecho a manifestarse en un derecho fundamental amparado por la Constitución de 1978. El ejercicio de un derecho fundamental prevalece ante la propaganda del Gobierno de Juan Vivas y por mucho que ellos quieran no se pueden impedir ya que ni hay peligro de grave alteración del orden público y ni de comisión de delito. Casi dos meses de pacíficas manifestaciones demuestran que este peligro no existe.

El Gobierno de Juan Vivas, por boca de su inefable portavoz, ha acusado a los manifestantes de causar todos los males pasados, presentes y futuros. Unos manifestantes que pasan en unos pocos minutos por las vías (en su mayoría peatonales) del centro de la ciudad. Son acusados del caos circulatorio y del descenso de ventas de los comerciantes, pero sin valorar que en quince minutos no se produce ni lo uno ni lo otro.

El hecho de que los comerciantes vendan poco se debe a dos factores: el escaso nivel adquisitivo de buena parte de la población y el poco atractivo de los productos que ofrecen. El hecho de que el tráfico sea un caos es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad que no ha sabido diseñar una estructura viaria sensata, establecer una red de transporte público digna del siglo XXI e incentivar la posibilidad de dejar el coche en casa.

No sé si es más lamentable que penoso, que Juan Vivas ataque a unas personas que quieren un trabajo y que les quiera quitar hasta el ejercicio de uno de los más antiguos derechos fundamentales: el derecho a manifestarse públicamente. No es por el bien de nosotros, por lo que hablan Juan Vivas y su inefable portavoz, sino por su propio bien político, por su permanencia en la poltrona.

Los derechos fundamentales, en la concepción que tiene de ellos el Gobierno de la Ciudad, están para no ser ejercidos. Los derechos fundamentales son lo que para ellos es la Constitución donde se encuentran: papel mojado. Los derechos fundamentales, en la concepción del “Vivismo”, solamente son correctamente ejercidos si con ello se contribuye al ridículo culto mesiánico del Presidente de la Ciudad.

En una ciudad tan asimétrica como la nuestra, donde en pocos kilómetros cuadrados, se concitan condiciones vitales tan diferentes, hay un amplio sector que vive el paro y las protestas desde una lejanía que se confunde con la indiferencia. Incluso habrá a quienes las manifestaciones les parezcan poco estéticas, por si las ve uno de esos turistas que nunca vienen (prefieren que el paro y la pobreza se esconda bajo la alfombra).

Las manifestaciones presentes no sólo son el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, sino que son garantía de que cualquiera, cuando en conciencia lo considere oportuno, puede hacer lo mismo y no habrá Presidente, inefable portavoz o “replicante” de las consignas del Gobierno que se lo pueda impedir. El sitio para manifestarse es la calle, donde está realmente lo público, por más que duela al Presidente que las calles céntricas se les llene de personas sin empleo.

El Gobierno quiere controlar todo lo que que vemos, leemos y escuchamos. Quiere dar a los ciudadanos, cada día, la dosis de propaganda que tienen preparada. Que la realidad les salte en la cara y que se manifieste en la calle constituye un fallo de guión con el que no contaban.