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Juan Vivas recorta las pensiones

Ayer la prensa local publicaba que los trabajadores municipales, a través de los representantes sindicales de CCOO, han denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Tesorería General de la Seguridad Social que el Gobierno de Juan Vivas ha reducido las bases de cotización de los empleados municipales en la misma proporción en la que han reducido los salarios.

La norma que ordenaba y habilitaba esta reducción, el Real Decreto-Ley 8/2010, excluía expresamente la reducción en las bases de cotización, de manera que se puede afirmar que esta reducción de las bases de cotización y del dinero que la Ciudad ingresa a la Seguridad Social por sus trabajadores es indebida.

Esta bajada en las bases de cotización y en los ingresos en la Seguridad Social afecta directamente a los derechos de jubilación, y a otras prestaciones, que se calculan tomando como base estas cotizaciones. De esta forma el gobierno de Vivas está perjudicando lo que, en el futuro, los empleados municipales van a cobrar como pensión de jubilación.

A la hora de escribir este artículo no se conoce la reacción de la Ciudad a esta denuncia de CCOO, por lo que no se pueden valorar sus palabras, pero en todo caso hay que observar que caben dos posibilidades: que esto sea un error o que sea intencional.

Si es un error, éste es de tal tamaño, importancia y trascendencia que hay que depurar responsabilidades en quien corresponde, que no es otro que el consejero Paco Márquez, que debería dimitir o ser cesado, y de camino renunciar al acta en el Congreso de los Diputados que parece que le está esperando. Aún siendo un error la situación se agrava porque no ha sido advertida por nadie hasta que los sindicatos han llevado la reducción a las autoridades laborales y sociales.

Si la reducción se ha hecho a sabiendas de que no era conforme al Real Decreto-Ley entraríamos en otro terreno y correspondería a los juzgados del orden jurisdiccional penal decidir sobre lo que ha sucedido.

La situación en la administración de la Ciudad Autónoma ha pasado ser patética a dantesca. Las arcas casi vacías y el poco dinero que se puede extraer de ellas se dedica a comprar cuadros en galerías de alto nivel de Madrid, que parece que es la verdadera prioridad de Juan Vivas.

Más allá de la responsabilidad política de Paco Márquez como encargado directo de los recursos humanos, es preciso señalar que el verdadero y más completo responsable del edificio en ruina que es nuestra administración autonómica no es otro que el Presidente Juan Jesús Vivas Lara, que ni rectifica, ni reforma, ni dirige. Emplea sus horas en hacer populismo de la estofa más baja perjudicando incluso las pensiones de jubilación de los empleados municipales.

Eligiendo la sanción aplicable

Los vertidos ilegales de residuos suponen una problemática que el Gobierno de la Ciudad no ha acertado a corregir. Esporádicamente realizan algunas acciones, con una buena cobertura de Teleceuta, para hacer propaganda, pero los vertederos ilegales continúan apareciendo y creciendo.

Estos vertederos constituyen un problema que afecta a la salud y el bienestar de los ciudadanos, objetivos básicos de cualquier acción pública, y es por ello más sorprendente aún que Juan Vivas y los suyos no se hayan tomado el interés que ponen en otros asuntos de menos trascendencia como la compra de cervatillos vegetales o la adquisición de estatuas de bronce.

El otro día alguien debió ver la luz en el Palacio Autonómico y llevó a Yolanda Bel a anunciar a gritos como si vendiera verdura (tono habitual de la portavoz del gobierno) que, a partir de ahora, no iban a aplicar la ordenanza municipal de limpieza para sancionar los vertidos ilegales, sino que se iban a acoger a la Ley de Residuos.

Cualquiera que tenga un mínimo de formación jurídica sabe que la norma que se aplica a un hecho depende del ámbito de aplicación de ésta y que, en el caso de la normativa sancionadora, debe haber una perfecta adecuación entre el hecho y lo dispuesto en la norma, no pudiéndose elegir la norma administrativa más sancionadora, ya que rigen constitucionalmente casi los mismos principios que en el Derecho Penal.

Lo que, con los datos que tengo de lo publicado en prensa, anunció la portavoz del Gobierno fue precisamente eso: la elección de la norma más desfavorable al hecho. Esto se encuentra excluido por el Derecho Administrativo Sancionador y que hará exitosos los recursos que se planteen contra las sanciones que puedan recaer.

La única responsabilidad la hemos de encontrar en la desidia de Juan Vivas y sus consejeros en adecuar el régimen sancionador aplicable en la Ciudad, dentro de sus competencias, a la Ley de Residuos. No tiene sentido que las disposiciones de la ordenanza municipal de limpieza se superpogan con las de la Ley de Residuos creando un marco realmente indeseable.

Se agrava más la situación con el hecho de que, hasta ahora, la Ciudad ha estado aplicando la ordenanza y olvidándose de la Ley. ¿Por qué? ¿Qué pretendía la Ciudad no aplicando la Ley? ¿No sabían que existía la Ley o conociéndola prefirieron no emplear las sanciones de esta norma? ¿Por qué no han reformado la ordenanza de limpieza para evitar duplicidades sancionadoras?

Todo esto no implica ni gasto de dinero ni otros compromisos de la Ciudad. Tener la normativa en orden para que las sanciones sean efectivas sólo se consigue con trabajo, atención y con ganas de hacer las cosas bien. Es lógico que esto no interese a Juan Vivas, porque una ordenanza no se puede inaugurar tres veces.

Aprender antes de hablar

La sociedad civil en Ceuta no existe. Si alguna vez aparece una asociación o grupo de personas con interés por un tema, por un aspecto de la vida cultural o por la defensa de algún interés colectivo, rápidamente llega la Ciudad Autónoma con sus tentaciones y convierte a ese grupo en parte del engranaje de asociaciones que suplantan a lo civil en Ceuta.
El movimiento vecinal, que nació como un instrumento para, gracias al número, articular las reivindicaciones de las personas y barriadas más olvidadas por las corporaciones locales, en Ceuta ha dejado de ser un movimiento para convertirse en una parálisis siempre cerca del poder. El movimiento vecinal, o más bien la parálisis de éste, ha dejado toda reivindicación y ha castigado al que no se ha alineado con su estrategia de sumisión, alabanza y silencio.
Esta situación ha provocado el abandono del movimiento vecinal por parte de muchas personas que no se unieron a éste para formar parte de ningún séquito presidencial. El movimiento se ha quedado en manos de personas que, en  mi opinión, no saben hacer de éste el actor decisivo para la mejora de nuestras barriadas. Normalmente se suelen ir los mejores.
El otro día leí las declaraciones de la presidenta de “Mujeres Vecinales” sobre el desgraciado asesinato de una conciudadana por parte de su pareja. No creo ni necesario mencionar la repulsa más absoluta que este hecho me merece.
Volviendo a la presidenta de esa asociación vecinal. Me quedé muy sorprendido por sus declaraciones, porque sencillamente no entendí nada. No es que no las considerase adecuadas, pertinentes o correctas, simplemente que no entendía el sentido de las palabras que esta señora  había colocado, quizá aleatoriamente, unas tras otras.
Comenzaba la presidenta de “Mujeres Vecinales” diciendo que “la legislatura es rara”. Como soy lento y poco avispado pensé que ya que tenía la oportunidad de hablar ante la prensa, la dirigente vecinal quería hacer un análisis politológico sobre la actual situación de al política española. Para describir la actual legislatura no habría elegido precisamente el adjetivo de “rara”, sino mejor el de “compleja”.
Pero al rato, repito que soy lento, me dí cuenta que lo que se estaba intentando decir, sin ningún éxito, era que la legislación era rara. Esta confundiendo “legislatura”, en el algunos lugares es la denominación del poder legislativo o más comúnmente es el periodo de mandato del  poder legislativo, con la legislación, las leyes y reglamentos que nos gobiernan.
Cambié mentalmente “legislatura” por “legislación”. Normalmente se suele decir que una legislación es coherente, completa, eficaz o todos sus contrarios, porque “rara” no suele ser un calificativo demasiado jurídico. Sería una legislación rara si estuviera escrita en verso, en lengua swahili o utilizase metáforas modernistas. Lo mismo la líder vecinal quería decir que ella no la entendía.
El problema básico es que cuando la presidenta de “Mujeres Vecinales” ha tenido que decir lo que ella sabía y pensaba, éste ha sido el resultado: entre ininteligible y vergonzoso. Ha querido remitirse a cierta oscuridad de la norma sin darse cuenta que desde hace unos cuantos años el PSOE aprobó una ley integral que, entre otras cosas, toca todas las facetas del problema y armoniza las normas vigentes. Pero en todo caso lo más importante antes de hacer declaraciones y valoraciones es saber de lo que se habla y de las circunstancias del caso. Lo digo con todo mi respeto a esta dirigente vecinal, que ya no tiene quien le escriba (que diría García Márquez), porque si se descuida un poco más va a bajar al nivel de la encargada de esta misma materia en la Delegación del Gobierno.

La sociedad civil en Ceuta no existe. Si alguna vez aparece una asociación o grupo de personas con interés por un tema, por un aspecto de la vida cultural o por la defensa de algún interés colectivo, rápidamente llega la Ciudad Autónoma con sus tentaciones y convierte a ese grupo en parte del engranaje de asociaciones que suplantan a lo civil en Ceuta.

El movimiento vecinal, que nació como un instrumento para, gracias al número, articular las reivindicaciones de las personas y barriadas más olvidadas por las corporaciones locales, en Ceuta ha dejado de ser un movimiento para convertirse en una parálisis siempre cerca del poder. El movimiento vecinal, o más bien la parálisis de éste, ha dejado toda reivindicación y ha castigado al que no se ha alineado con su estrategia de sumisión, alabanza y silencio.

Esta situación ha provocado el abandono del movimiento vecinal por parte de muchas personas que no se unieron a éste para formar parte de ningún séquito presidencial. El movimiento se ha quedado en manos de personas que, en  mi opinión, no saben hacer de éste el actor decisivo para la mejora de nuestras barriadas. Normalmente se suelen ir los mejores.

El otro día leí las declaraciones de la presidenta de “Mujeres Vecinales” sobre el desgraciado asesinato de una conciudadana por parte de su pareja. No creo ni necesario mencionar la repulsa más absoluta que este hecho me merece.

Volviendo a la presidenta de esa asociación vecinal. Me quedé muy sorprendido por sus declaraciones, porque sencillamente no entendí nada. No es que no las considerase adecuadas, pertinentes o correctas, simplemente que no entendía el sentido de las palabras que esta señora  había colocado, quizá aleatoriamente, unas tras otras.

Comenzaba la presidenta de “Mujeres Vecinales” diciendo que “la legislatura es rara”. Como soy lento y poco avispado pensé que ya que tenía la oportunidad de hablar ante la prensa, la dirigente vecinal quería hacer un análisis politológico sobre la actual situación de al política española. Para describir la actual legislatura no habría elegido precisamente el adjetivo de “rara”, sino mejor el de “compleja”.

Pero al rato, repito que soy lento, me dí cuenta que lo que se estaba intentando decir, sin ningún éxito, era que la legislación era rara. Esta confundiendo “legislatura”, en el algunos lugares es la denominación del poder legislativo o más comúnmente es el periodo de mandato del  poder legislativo, con la legislación, las leyes y reglamentos que nos gobiernan.

Cambié mentalmente “legislatura” por “legislación”. Normalmente se suele decir que una legislación es coherente, completa, eficaz o todos sus contrarios, porque “rara” no suele ser un calificativo demasiado jurídico. Sería una legislación rara si estuviera escrita en verso, en lengua swahili o utilizase metáforas modernistas. Lo mismo la líder vecinal quería decir que ella no la entendía.

El problema básico es que cuando la presidenta de “Mujeres Vecinales” ha tenido que decir lo que ella sabía y pensaba, éste ha sido el resultado: entre ininteligible y vergonzoso. Ha querido remitirse a cierta oscuridad de la norma sin darse cuenta que desde hace unos cuantos años el PSOE aprobó una ley integral que, entre otras cosas, toca todas las facetas del problema y armoniza las normas vigentes. Pero en todo caso lo más importante antes de hacer declaraciones y valoraciones es saber de lo que se habla y de las circunstancias del caso. Lo digo con todo mi respeto a esta dirigente vecinal, que ya no tiene quien le escriba (que diría García Márquez), porque si se descuida un poco más va a bajar al nivel de la encargada de esta misma materia en la Delegación del Gobierno.

De primero de Derecho

Por el blog de Mefistófeles me entero de cuál va a ser la estrategia de defensa del PP ante el escándalo del Consejo de la Juventud. Básicamente consiste en decir en que no ha habido contravención de la normativa porque se ha aplicado el Reglamento de Subvenciones de Ceuta y no la legislación estatal, la cual sí exige acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 14.1.e de la Ley General de Subvenciones).

Lo malo de todo esto es que si este Reglamento no exige el requisito, no quiere decir que no deba exigirse, porque la ley es superior al reglamento y por tanto “le puede” y es por tanto directamente aplicable y más cuando el Reglamento guarda silencio.

Recordemos, para finalizar, algunos preceptos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, por si aún persisten las dudas sobre la norma aplicable:

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.

Las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas se ajustarán a las prescripciones de esta Ley.

1. Se entiende por Administraciones públicas a los efectos de esta Ley:

a. La Administración General del Estado.
b. Las entidades que integran la Administración local.
c. La Administración de las comunidades autónomas.