Las consecuencias económicas de la corrupción

La semana pasada escribí sobre la relación entre pobreza, los incumplimientos de la legalidad y la corrupción. A través de un ejemplo intentaba poner de manifiesto que la corrupción añade costes sin sentido económico a las inversiones, de forma que o bien las frustran, o bien la encarecen, o bien crean monopolios de hecho. Finalmente los que pagan el gastos final de la corrupción son los ciudadanos, tanto si lo hacen a través de sus tributos o a través de un sobreprecio por los bienes o los servicios.

Este dinero que se llevan corruptos y corruptores es un dinero que no es invertido y, por tanto, no crea riqueza. Tradicionalmente la riqueza de las naciones ha sido medida utilizando como indicador el Producto Interior Bruto (PIB), pero presenta algunas disfuncionales a la hora de medir la situación de los individuos.

Desde finales de los años ochenta, por iniciativa del que fuera Presidente de la Comisión Europea, el socialista francés Jacques Delors, se comenzó a trabajar en el concepto de ‘desarrollo humano’ y en el marco de las Naciones Unidas se ha creado y gestionado el ‘Índice de Desarrollo Humano’, que se ha convertido en una referencia de primer orden en un corto espacio de tiempo.

Este ‘Índice’ no solamente valora aspectos y magnitudes macroeconómicas, sino que también refleja otros datos objetivos como el estado de salud de la población o la alfabetización y nivel educativo.

Paralelamente existe un índice de percepción de la corrupción que anualmente publica la organización ‘International Transparency’. Este índice, cuya metodología es pública, ha sido recibido por los estudiosos como un instrumento de primer orden.

Según la tesis que hemos mantenido en los últimos artículos de ‘Asimetrías Urbanas’ tendría que haber una correspondencia entre la corrupción y las consecuencias económicas y sociales de ésta. Si combinamos estos dos índices nos encontramos que los veinte países que menos corrupción tienen en el ‘Índice’ de ‘International Transparency’, todos (menos uno) se encuentran entre los treinta con mayor ‘Índice de Desarrollo Humano’.

Si lo reducimos a los diez países con un menor índice de corrupción, nos encontramos que cinco de ellos también se encuentran entre los diez que tienen un mejor índice de desarrollo humano y todos, menos uno, se encuentran entre los veinte más destacados en el ranking de las Naciones Unidas.

El altísimo precio de la corrupción repercute sobre la economía de un país, afectando al conjunto de la población en sus condiciones más elementales de vida, en los servicios básicos que se reciben (o en muchas ocasiones y en muchos países no se reciben) y hasta en la esperanza de vida.

La corrupción no debe ser planteada en su problematicidad y luchada únicamente como un mal moral, ya que en este terreno hay excusas de todo pelaje. La corrupción es igualmente un problema económico de primer orden, que tiene unas consecuencias desinversoras sumamente graves y dañinas.

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