El Banco Central Europeo se ha tirado demasiado tiempo obsesionado con la inflación, manteniendo unos tipos de interés demasiado altos si se comparaba con los de otros bancos centrales. La doctrina anti-inflacionaria ha sido un dogma que la autoridad monetaria europea heredó acríticamente del “Bundesbank”, el cual más por razones históricas que económicas vinculó hasta excesos hilarantes la Democracia al control inflacionario.
Con todos los indicadores económicos señalando una recensión clara, el Banco Central Europeo se empeñó en este elemento que lo único que ha hecho ha sido agudizar la crisis, agudizando la escasez de crédito que el propio mercado financiero sufría, ya que los costes de los préstamos interbancarios, cuando éste más necesario era, se convertía en impagable para muchas entidades.
La política contraria a la inflación y el equilibrio presupuestarios son buenas ideas y deben ser principios guías, pero solamente ello, nunca se pueden convertir en principios absolutos, porque una vez absolutizados las víctimas de este culto económico serán los ciudadanos, concretamente los ciudadanos más desfavorecidos.
Después de escandalizarse los del PP de los datos de la inflación, incluso celebrando el espanto de la “estanflación”, ahora no dicen nada de lo positivo y significativo que sería para nuestra economía que el indicador del IPC fuera positivo y no negativo, es decir, que volviésemos a tener inflación.
Avergonzados por haber utilizado la ahora añorada inflación como arma política, el PP se fija ahora en el gasto público. Quieren menos gastos público, pero no dicen ni cuánto menos ni cuáles serían las áreas de la actuación estatal que vivirían esos recortes.
No quieren decirlo porque recortarían servicios esenciales, tales como la Sanidad, las prestaciones de la Seguridad Social o en la Educación. Nos hablarán de modernización, de flexibilidad, de puesta al día o de un sistema ágil de tributación.
Todas estas palabras no son más que lemas publicitarios para vender como bueno lo que va a ser perjudicial a los afectados. Decir que el despido es caro y que por ello hay paro es un absurdo cuando estamos llegando a los cuatro millones de parados. Lo que realmente se quiere es facilitar el despido sin indemnización de los trabajadores con más antigüedad en las empresas y que son los que tienen mayores percepciones salariales. Este sistema de abaratamiento del despido lo que quiere es convertir a todos los trabajadores en mileuristas.
Pronto se nos dirá que la modernización sanitaria pasa por la privatización de los servicios. Que el ahorro pasa por algo que suene correctamente como el “copago”, lo que supondrán el principio del fin de un sistema sanitario y gratuito, porque el “copago” no tiene el mismo efecto sobre todas las economías familiares, ya que las rentas difieren. Las aseguradoras sanitarias privadas subirán sus seguros y algún lamentaremos el habernos dejado seducir por falsos lemas de modernización.
Prestaciones de la Seguridad Social y la tributación tomarán un camino parejo. Se hablará de capacidad de elección del sistema de protección, que realmente significa que las cotizaciones y las prestaciones se privatizarán; en vez de proponer un margen de elección dentro del sistema público, lo que se propondrán será convertirlo en un sistema marginal, de beneficencia y que nuevamente las aseguradoras privadas preparen sus carteras para los beneficios propios y que cuentan con ingentes capitales para especular.
En estos tiempos de angustia han surgido y surgirán falsos profetas que ocultan los intereses que representan. En estos tiempos es fácil encandilarse con quien propone soluciones fáciles y estables. La regla de oro es preguntarles siempre por el cuánto se reduce el gasto público y en qué áreas se hará.
