Juan Vivas y la factura de la luz

Toda España está indignada por la impresionante subida de las facturas de la luz. Subidas salvajes que no encuentran su justificación en ningún aumento autorizado de la tarifa. Hablamos de tarifas triplicadas o multiplicadas por más de cinco veces. La necesidad de pagar para continuar teniendo el suministro hace que la posición de fuerza se sitúe en manos de las compañías suministradoras, siendo los consumidores los perjudicados, como siempre.

Es tanto el escándalo social y ciudadano que esto ha provocado que varias autonomías, independientemente del signo político que las gobierna, como son Andalucía y Madrid, han abierto investigaciones y han pedido explicaciones a las compañías suministradoras de energía eléctrica. De la reacción del gobierno de Juan Vivas nada se sabe.

Consumo e Industria son competencias del gobierno autonómico de Ceuta. Tener autonomía y, en consecuencia, las competencias transferidas no es sólo para nombrar altos cargos, darles portentosos sueldos y jugosas dietas, sino para hacer algo de vez en cuando. Podría Juan Vivas darles instrucciones a los responsables políticos, nombrados por él o por Pedro Gordillo, para que investiguen la situación que está llenando de reclamaciones los servicios municipales y vaciando los bolsillos de los ceutíes.

Las compañías suministradoras de energía eléctrica, que en Ceuta es la “Empresa del Alumbrado”, han cambiado su sistema de medición del gasto eléctrico. En vez de comprobar los contadores, ahora hace cálculos estimativos de gastos de electricidad, es decir, no miran cuál es el consumo sino que aplican una fórmula para averiguar cuánto es posible que hayamos consumido. Y eso, que según OCU, tienen la obligación de comprobar los contadores. Además se han modificado unilateralmente los contratos de consumo nocturno.

Los métodos estimatorios son radicalmente injustos y tengo mis dudas sobre la más que probable violación de la prohibición del enriquecimiento injusto. En el momento que la compañía suministradora establece una presunción de consumo, por mucho que se ahorre, no habrá manera de bajar la factura de la electricidad, de forma que se puede estar pagando por lo que no se consume.

No comprendo al “genio” que ha dejado a las empresas suministradoras cambiar los métodos de computación del consumo en tiempos de crisis. Muchas empresas están teniendo unas enormes dificultades y se les facilita a las empresas suministradores que multipliquen el coste de la electricidad, cuando especialmente las empresas pequeñas y medianas viven problemas para afrontar sus pagos ordinarios. Sin electricidad nada funciona en nuestra sociedad y en nuestra economía. Si el coste de la electricidad se mantiene fuera de órbita, muchas empresas cerrarán y muchos trabajadores serán despedidos.

Juan Vivas, que tanto dice defender el interés general, debe hacer algo por los intereses de los ceutíes. Por ahora y, debido a su inactividad, parece que le preocupa defender más los intereses de la “Empresa del Alumbrado” que los intereses de los ceutíes a los que representa.

Privatizando

La prensa ha informado que el gobierno de la ciudad ha decidido privatizar el Tanatorio. No sé el motivo que ha llevado al gobierno a esta decisión, aunque mucho me sospecho que el servicio del tanatorio debe ser rentable y por eso se le dará a alguien para ganar dinero, mientras que la Ciudad lo pierde.

Según he podido saber a partir de las informaciones periodísticas, el personal que ahora desarrolla sus funciones en este servicio será transferido a otros servicios de la Ciudad, de forma que el ahorro en el capítulo de gastos de personal no existirá. Es previsible que esto suceda así, porque estos trabajadores son funcionarios de la Ciudad y no personal de una empresa mercantil. En todo caso el argumento del ahorro que se pueda esgrimir para privatización no existe.

Resulta que después de las inundaciones de otoño y con una parsimonia cercana a la inactividad la Ciudad ha renovado el edificio del Tanatorio. No solamente se han reparado los techos y otras partes perjudicadas por las fuertes lluvias, sino que el arreglo se ha extendido también al mobiliario del servicio.

La futura empresa concesionaria recibirá el edificio del Tanatorio para estrenar, sin necesidad de invertir un solo euro, ni de desembolsar ni un céntimo. Negocios así querría yo para mí mismo, donde se entra cobran los precios acordados o establecidos sin necesidad de invertir absolutamente nada.

Naturalmente la empresa esperará que todas las mejoras futuras y el mantenimiento sean a cargo de la Ciudad Autónoma, porque ellos solamente estarán para prestar el servicio, es decir, ellos solamente asumirán el Tanatorio para cobrar por los servicios.

Pero esta privatización llega a ser esperpéntica cuando, según las informaciones publicadas en prensa, solamente se privatizará el servicio a los ciudadanos, pero no el área de gestión.

Desconozco el sentido que tiene un área de gestión pública para un servicio que desarrollaría una empresa privada. La única explicación que le encuentro a este despropósito es que la futura empresa concesionaria no tendrá que pagar a los empleados que cobran más sueldos y, por tanto, representan un mayor coste.

Se le quiere dejar el Tanatorio “libre de polvo y paja” a la empresa concesionaria, que tendrá que pagar unos poquitos malos sueldos y comenzar a recaudar a todas las familias que tengan que recurrir a su servicio.

Éste es el modelo de privatización del PP. Entregar a “empresarios privados” los servicios públicos y las empresas municipales, para que se enriquezcan, justo después de que la Ciudad ha dejado todo preparado, todas las inversiones hechas y todos los costes importantes asumidos por las arcas autonómicas, para que estos “empresarios” no tenga que poner ni el precio de un café para hacerse con un servicio o una empresa rentable.

Solidaridad, impuestos y consumo

Muy en la línea del PP, la propuesta del nuevo Régimen Económico y Fiscal se centra en la idea de que una disminución indiscriminada de los impuestos va a generar una dinámica positiva dentro de la economía ceutí, haciéndola salir de su letargo.

Durante varias semanas he indicado lo inadecuado de esta medida en términos generales, especialmente cuando nos encontramos en una situación económica en la que el Estado es el actor económico que tiene que romper con la ausencia de liquidez. Para que el Estado pueda actuar y para que su actuación no genere un déficit más que excesivo, es necesario que éste cuente con unos ingresos suficientes. Una reducción indiscriminada de los impuestos no va a producir ese efecto, sino que se destinará al ahorro a causa del clima de desconfianza que padecemos.

Lo que es erróneo en la economía de un país se transforma en fatal cuando hablamos del tejido económico de una sola ciudad, como la nuestra. La bajada de impuestos de una forma lineal para los ceutíes no sólo tendría que ser pagada por los demás españoles, sino que tendría un efecto prácticamente nulo si se refiere a la repercusión en el consumo local, salvo cuando la bajada se centra en los sectores con menor renta.

Los sectores con menor renta son los que tienen que recortar más sus gastos y, por tanto, consumir menos. El margen de consumo que tienen es sumamente estrecho, de forma que un incremento de la renta disponible sí podría aumentar el consumo. La consecuencia es que una reducción impositiva debería centrarse en los tramos con menos renta, no sólo para ayudar a estos ciudadanos, sino porque ellos sí consumirían en nuestra ciudad, beneficiando a ésta en términos generales.

Bajar los impuestos indiscriminadamente no es sensato ni decente. No es sensato porque una significativa parte de la población ceutí tiene unas remuneraciones buenas provenientes de su condición de empleado público, con la seguridad que esto da, y porque no irían al consumo en Ceuta, sino al ahorro o al consumo fuera de Ceuta. La consecuencia es que una medida a favor de la economía ceutí se transformaría en una medida que dejaría más dinero libre para ser gastado en la Península.

No es una medida decente porque ignora la actual situación económica y la lacerante situación que muchos españoles están pasando y en que la otros muchos pueden encontrarse en unas semanas y meses. No es decente y es un atentado contra la justicia que de los impuestos de parados y mileuristas peninsulares salga el dinero para financiar la reducción de impuestos a personas que ganan más de 30.000 euros al año.

Que nuestro condicionamiento geográfico es desfavorable, cierto e incuestionable, pero tampoco es absoluto. Existen muchas circunstancias que exigen la solidaridad de los ceutíes para con el conjunto de España y de los españoles.

En España hay millones de personas que viven con un fuerte condicionamiento que no es geográfico sino de otra naturaleza, pero no por ello son menos desfavorables. La difícil situación de familias, de trabajadores, de los más de tres millones de parados y de dependientes merece algo más que le pasemos la factura de un quimérico proyecto de recuperación económica que solamente quiere conseguirse haciéndole pagar la factura a los más desfavorecidos.

Deudas municipales y crisis

Un grupo de técnicos de Hacienda ha publicado un informe sobre los retrasos en el pago que las distintas administraciones tienen con las empresas con las que contratan. Es un tema endémico de nuestra administración, que se ha cifrado para Ceuta en 26 millones de euros, aunque los datos parecen que corresponden a hace unos años. Nada hace pensar que esa deuda haya disminuido.

Uno de los principales problemas que tienen las empresas en esta crisis es conseguir que, quienes les adeuden, paguen y así poder ellas afrontar los pagos que tienen pendientes, tanto a sus trabajadores como a sus propios proveedores. Las empresas acumulan deudas las unas con las otras en un círculo vicioso que está llenando las listas del paro y los juzgados de lo mercantil.

Como ya he indicado en algunos de estos artículos, estos círculos tienen que ser rotos por quien puede y, en las actuales circunstancias, solamente lo pueden hacer el Estado y sus diversas administraciones públicas. Dos son los medios: las transferencias directas y los contratos públicos.

El hecho de que las administraciones públicas deban inmensas cantidades de dinero a las empresas que han contratado con ellas no solamente es grave en lo que respecta al normal cumplimiento de las obligaciones, sino que lleva a numerosas empresas al  cierre.

Ceuta no es una excepción en este estudio. La deuda se acercaba al 10% del presupuesto en el momento estudiado, con lo que el tamaño y la importancia de este problema son fácilmente apreciables. La Ciudad Autónoma introduce a muchas empresas en una dinámica peligrosa, porque éstas para cumplir con su contrato tienen que afrontar inversiones que no se ven siquiera compensadas por el pago del precio.

La responsabilidad en la crisis económica no estriba principalmente en anunciar medidas o medidillas, en hacer cartas a los reyes magos o querer tener un papel de salvador. La Ciudad debe olvidarse de todo este tipo de actuaciones, habituales en ella, y ponerse a hacer las cosas bien de una vez.

El pago a las empresas que contratan con la Ciudad debe ser una de las prioridades, porque es la mejor manera de hacer que la economía y el empleo funcionen y no se paralicen. Las empresas necesitan liquidez y la Ciudad tiene que inyectarle esa liquidez, no porque sea un regalo, sino porque es el justo pago a las obras y servicios realizados.

La seriedad, siempre necesaria, se hace ahora perentoria. Sin seriedad no se generará la precisa confianza entre los agentes económicos y sociales para que el empleo y las inversiones caigan lo menos posible en el contexto de crisis económica y financiera internacional que vivimos.

Las empresas solucionaban antes estos problemas consiguiendo liquidez a través de los bancos y compensando el interés con el que la Ciudad tenía que abonarles, pero ahora, cuando el dinero rápido y fácil es un recuerdo del pasado, el dinero adeudado por la Ciudad puede ser la causa del cierre de muchos negocios, de la ruina de muchas familias y de que el futuro se les precluya a muchos de los trabajadores.

“La Sala”, la cultura y Cultura

“La Sala” ha supuesto un cambio tanto en lo que es puramente el espacio de ocio dentro del “Poblado Marinero”, como una revolución en la oferta cultural de Ceuta. Haré una confesión: “La Sala” me ha hecho volver a creer en el Liberalismo, aunque sólo sea un poquito y sea también pasajero.

La comparación entre las actividades culturales, las actuaciones y el movimiento que genera “La Sala”, junto a un presupuesto y la lógica búsqueda de beneficios (ya que es un negocio), contrasta con la dejadez cultural de la Consejería que dirige, por llamarlo de alguna manera, Mabel Deu.

El ingente presupuesto de Cultura contrasta con una agenda cultural de lo más convencional, falta de calidad, innovación y que se reserva para traer, a golpe de talonario, determinadas estrellas de la música española durante la Feria.

En Cultura falta de imaginación y conocimiento de los medios culturales, y sobran muchos prejuicios sobre lo que gusta y lo que no gusta a los ceutíes. A Consejería se recrea en el tipismo, el costumbrismo, en lo de toda la vida que siempre mira al pasado y en lo que suena en las emisoras de radio.

Más que castigarnos en el gasto sin sentido de muchos fondos públicos, será mejor que nos alegremos de que unos particulares han abierto brecha en nuestro ciudad a la cultura que la Consejería del mismo nombre ni tiene en cuenta, sin darse cuenta que más allá de sus catetillos ojos la cultura es mayoritariamente eso y no lo que ellos financian.